Este
martes se presentó por parte de UNICEF el Observatorio de los Derechos
de la Infancia yla Adolescencia en Uruguay 2012 que muestra la
realidad sobre la atención de estas franjas etarias por parte del Estado
uruguayo
Montevideo (por Eloísa Font). En la
Antesala del Senado de la República se realizó este martes
la presentación del Observatorio de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia en Uruguay 2012.
Esta publicación, editada por la oficina de UNICEF en Uruguay,
pretende reunir, ordener y analizar la información cuantitativa y
cualitativa disponible acerca de la situación de los niños, niñas y
adolescentes del país. La presentación fue realizada por Egidio Crotti,
representante de UNICEF en Uruguay y comentada por el Vicepresidente de
la República, Presidente de la Asamblea General y de la Cámara
de Senadores, Cr. Danilo Astori.
A continuación se brindan las conclusiones del Observatorio en los distintos aspectos vinculados a esta temática.
CONCLUSIONES
En ocasión del lanzamiento del primer Observatorio de los Derechos de
la Infancia y la Adolescencia en Uruguay, en el año 2004, el país
apenas salía de una de las peores crisis económicas de su historia. No
obstante haberse iniciado la recuperación económica sobre fines del año
2003, la pobreza había alcanzado niveles alarmantes, y en 2004 afectaba
al 39,9% de la población y al 63,7% de los niños menores a 6 años.
Conocer el impacto de esta nueva crisis sobre el conjunto de los
niños y sus familias era una motivación fundamental del Observatorio. La
estructura elegida consistió en recolectar la información disponible de
fuentes oficiales recabada en forma sistemática y periódica
para desplegarla según los ciclos de vida y el conjunto de derechos
establecidos en la CDN. Se buscaba de esta forma ofrecer una mirada lo
más amplia posible sobre la situación de los niños y adolescentes
teniendo como principal referente a la Convención.
Difícilmente en aquel momento fuera posible imaginar qué iba a pasar
en Uruguay diez años después. Uruguay transita desde hace años por un
período de sostenido y pronunciado crecimiento que ha llevado a su PIB a
los niveles más altos de toda la historia del país. La pobreza
ha disminuido considerablemente no solo en el conjunto de la población
sino en todas las franjas de edad, alcanzando los registros más bajos
desde que se dispone de información sobre estas variables, es decir, al
menos tres décadas.
Sin desconocer esas tendencias positivas, la protección plena de los
derechos de todos los niños y adolescentes uruguayos dista mucho de ser
un objetivo alcanzado. Pese al crecimiento económico sostenido, el
incremento de los ingresos e incluso la reducción de la desigualdad en
la distribución de la renta, muchos niños uruguayos siguen naciendo y
viviendo en condiciones de extrema vulnerabilidad, que les impiden
desplegar sus capacidades y potenciales talentos, así como acceder a
oportunidades de desarrollo personal y colectivo.
Al examinar la trayectoria económica y social de las últimas tres
décadas se evidencia la acumulación de notorios déficits en relación con
la equidad en la distribución de las oportunidades entre los niños y
adolescentes. En 2011, cuando la pobreza llegó a su menor nivel en las
últimas tres décadas, la brecha entre la población general y la infantil
persiste en su tendencia histórica. Mientras que la pobreza entre la
población general fue de 13,7%, el 26,1% de los niños de menos de 6 años
vivían en hogares pobres.
La edición 2012 del Observatorio intenta desplegar la información de
acuerdo a los ciclos de vida con un enfoque de derechos, dirigir una
mirada a la situación de niños y adolescentes en el Uruguay del
crecimiento.
EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y LA INEQUIDAD
El primer capítulo advierte una transformación estructural que se ha
dado en Uruguay en los últimos años con relación a la pobreza. Pese al
crecimiento que la economía uruguaya experimentó hasta fines de la
década del noventa, comenzó lentamente a incrementarse la pobreza en el
área metropolitana, lo que inició un período de convergencia con el
resto del país urbano en términos de pobreza, a tal punto que
actualmente Montevideo registra uno de los porcentajes de pobreza
más altos del país.
Reducir la pobreza cuando su incidencia se concentra en núcleos duros
que han estado relativamente alejados de las oportunidades de movilidad
social implica no solo mejorar la capacidad de consumo de esos hogares y
acrecentar el capital humano de quienes los integran —especialmente de
los niños, adolescentes y jóvenes a través de las políticas de
primera infancia, salud y educación—, sino también desarrollar otro tipo
de políticas orientadas a reconstituir las oportunidades de intercambio
y socialización en el espacio público urbano entre personas que
provienen de distintos contextos socioculturales.
En otros términos, la mejora de los ingresos de las familias con
niños y, consecuentemente, la posible reducción de la indigencia, la
pobreza no indigente y la brecha de pobreza no se traducen en forma
mecánica e inmediata en mayores oportunidades si al mismo tiempo no
operan otras políticas públicas que permitan a las familias con niños y a
los propios niños acceder a servicios de mayor calidad. Si tres de cada
diez adolescentes no logran culminar la educación media básica y seis
de cada diez no logran finalizar la educación media superior, es
incorrecto suponer que solo una cuarta parte de los niños y adolescentes
(los que viven en hogares en situación de pobreza) es la que no goza de
sus derechos.
Proteger en forma efectiva los derechos de todos los niños y
adolescentes uruguayos, asegurar las condiciones materiales y culturales
para que puedan desarrollar sus capacidades y talentos, y así ampliar
sus oportunidades, representa un reto particularmente pertinente para
Uruguay, considerando el escaso crecimiento de su población y la
tendencia observada en los últimos años a la disminución de la población
infantil. En este contexto, asegurar las mejores condiciones para el
desarrollo de los niños que nacen en Uruguay constituye, además de un
imperativo ético y una responsabilidad del Estado, una estrategia
inteligente para un país pequeño cuyas oportunidades de desarrollo
descansan, en gran medida, en expandir al máximo posible las
capacidades, los talentos y la creatividad de sus generaciones más
jóvenes.
PRIMERA INFANCIA
En lo que tiene que ver con la primera infancia, existe un creciente
consenso en reconocer que las condiciones de los primeros años de vida
representan una oportunidad para mejorar las trayectorias de vida de las
personas. Asegurar la mayor igualdad posible desde el inicio es
un factor poderoso que posibilita aprovechar todas las capacidades que
cada individuo pueda alcanzar. Considerando la trayectoria vital como
una carrera, largar de la mejor forma y sin acarrear un peso innecesario
es condición fundamental para asegurar el mejor resultado.
Al analizar la información disponible sobre los niños más pequeños y
sus familias encontramos que este es el grupo que acumula mayores
desventajas, pese a los avances registrados en elpaís en términos de
bienestar general. A una mayor participación en la pobreza se suman
problemas de nutrición y salud prenatal, niveles persistentes de bajo
peso al nacer y prematurez asociados a un componente neonatal de la
mortalidad infantil que aumentó en 2011, malnutrición infantil, anemia y
mayor riesgo y retraso en los niveles de desarrollo. Si tenemos en
cuenta las consecuencias que esto tiene en las trayectorias de vida y en
las posibilidades de aprovechar oportunidades en el futuro, se
amplifica la percepción de cuánto se está poniendo en riesgo.
En razón de su perfil demográfico, el número de nacimientos en
Uruguay es bajo. Cada año nacen alrededor de 47.000 niños. Si se tienen
en cuenta los indicadores analizados, una cuarta parte de ellos vivirá
en hogares pobres, un 11% tendrá una talla menor de lo esperado, un 31%
padecerá anemia al llegar a los dos años y aproximadamente un tercio
presentará problemas de riesgo y/o retraso de desarrollo. Al considerar
los números absolutos queda en clara evidencia que la meta de atender y
cuidar de los niños para que puedan superar las dificultades enumeradas
debería ser un objetivo plenamente alcanzable.
El consenso acerca del impacto de los primeros años de vida en la
trayectoria las personas, se acompaña de evidencia que sugiere que
invertir en acciones eficaces en esta etapa de la vida tiene un gran
retorno para el conjunto de la sociedad. Además, muchas de estas
acciones están respaldadas por fuerte evidencia respecto de su eficacia y
no tienen un costo elevado. Uruguay tiene por delante hoy una
oportunidad histórica para desarrollar políticas públicas que aseguren a
las futuras generaciones buenas condiciones en el inicio de la vida y,
por tanto, igualdad desde el comienzo.
TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Si bien ha habido avances en cuanto a la situación de la infancia en
general, aun no se advierten cambios significativos en los resultados
educativos ni un viraje notorio en la trayectoria del sistema educativo.
Los diagnósticos sobre el estancamiento en los logros de aprendizaje al
final de la vida adolescente se observan en varias generaciones. A esto
se suma la desigualdad en los logros, la cual es atribuible, en gran
medida, a que el sistema no ha conseguido equiparar las situaciones
diferentes en los puntos de partida de sus estudiantes.
Es innegable la centralidad que la educación ha adquirido en la
agenda uruguaya actual. Y es necesario dejar establecido que esta
centralidad ha sido correspondida por un impulso presupuestal sin
precedentes para la historia reciente del país. Aunque la participación
en el PIB de la inversión pública en educación aún es inferior a la que
se advierte en otros países de similar nivel de desarrollo, el
incremento de los recursos estatales destinados a la educación, expresa
el compromiso de la sociedad y el Estado con la educación.
El desafío es proteger las trayectorias educativas a todo nivel, lo
cual está condicionado por el éxito en otro reto aún mayor: proteger las
trayectorias de desarrollo de niños y adolescentes. Pensar en
trayectorias educativas es una buena forma hacer foco en el niño y
adolescente como sujeto de derecho, mientras que permite detectar cuáles
son los principales obstáculos en sus trayectos. Así, es posible
advertir que en el transcurso de estas rutas educativas existen algunos
indicadores que indican en qué momentos el derecho a la educación es
vulnerado.
El Observatorio muestra que la asistencia insuficiente entre los de 3
a 5 años de edad que reciben educación inicial y primaria constituye el
primer factor que afecta en forma negativa la posibilidad de lograr una
inserción oportuna en los primeros años de escolarización.
La disparidad en los aprendizajes y los niveles de repetición, asociados
a la condición social del alumnado, constituye otra de las
características estructurales del sistema educativo primario.
Estas desigualdades e inequidades persisten en el transcurso de la
enseñanza primaria, se condensan, se tornan más evidentes y se
multiplican en la educación media. Es aquí cuando comienza a
manifestarse la desvinculación temprana sin alcanzar al menos el ciclo
básico obligatorio y mucho menos la educación media superior. Este
estancamiento también se advierte en las tasas de egreso de ambos
ciclos, que prácticamente han permanecido inmóviles durante los últimos
veinte años.
Por otra parte, una situación que merece especial preocupación
refiere al alto y creciente nivel de repetición en los establecimientos
de enseñanza secundaria dependientes de la ANEP. ¿Cómo es posible que
prácticamente un 30% del alumnado repita? ¿Cómo es posible que repitan
cuatro de cada diez alumnos de primer año en Montevideo? Quizás sea hora
de reflexionar acerca de la validez, la pertinencia y la utilidad del
instrumento de la repetición, como lo vienen haciendo los
sistemas educativos de los países más desarrollados. Buscar alternativas
al fracaso escolar, ampliando las oportunidades de aprendizaje,
respetando la diversidad en los trayectos, parece ser el camino.
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Las experiencias de fracaso escolar de miles de adolescentes
uruguayos, que generalmente tienen como epílogo la definitiva
desafiliación educativa, indican que es en esta etapa donde se advierten
las manifestaciones más extremas de vulneración de derechos. En ese
sentido, la situación de los adolescentes en conflicto con la ley merece
un análisis objetivo, riguroso y serio, basado en evidencia empírica,
al tiempo que demanda una mirada sistémica que contemple otras
dimensiones relevantes.
Los adolescentes que viven en situación de pobreza son hoy asociados
casi linealmente con el delito. Aparecen ante la ciudadanía como los
principales responsables de la situación de inseguridad y violencia. En
tal sentido, la información examinada en este capítulo muestra que los
delitos cometidos por adolescentes continúan representando una porción
reducida del fenómeno.
El delito en los adolescentes no se comporta aisladamente y no debe
ser analizado desconociendo que se enmarca en un contexto más complejo,
que tiene que ver con la violencia delictual en general y con los
patrones de comportamiento de los adultos. Sin subestimar el problema,
la información que brinda el Observatorio lleva a preguntarse si el
endurecimiento en la respuesta a los delitos cometidos por adolescentes
es un aporte para solucionar los problemas de inseguridad.
La privación de libertad tiene consecuencias demoledoras para la vida
de un adolescente, para su presente y para su futuro. Lejos de la
pretensión “resocializadora”, el encierro desde corta edad implica una
socialización en la violencia, la adopción de códigos propios de
la cárcel, la anulación de la identidad y el aumento del desarraigo
comunitario y familiar. Por eso debe ser utilizada solo en casos de
delitos graves contra la vida y las personas y ser ejecutada en
condiciones dignas. Pese a ello, la privación de libertad es hoy la
medida más utilizada por el sistema uruguayo de justicia penal juvenil,
mientras que las medidas alternativas, que aparecen como más eficientes
contra la reincidencia, tienen aún una utilización limitada.
La violencia doméstica es hoy el delito contra las personas con mayor
número de denuncias y es un fenómeno que vulnera los derechos de miles
de niños y niñas uruguayos. La exposición de un niño a la violencia
tiene consecuencias inmediatas en el desarrollo (dolor, dificultades
para aprender, desvalorización, miedo y desconfianza en el mundo
adulto), pero también secuelas para el resto de la vida (dificultades
para entablar relaciones y vínculos sanos, depresiones,
conductas autodestructivas). Sin embargo, el tema no suscita en la
opinión pública una preocupación similar a la que despierta la violencia
delictual.
Sin embargo, la expresión más evidente de las fisuras del sistema de
protección de la infancia se encarna en los niños privados de cuidados
parentales. Hoy, frente a la evidencia de que la internación supone
reprimir a los niños y solo contribuye a reforzar su exclusión, existe
un consenso entre quienes trabajan en el campo de la infancia sobre la
necesidad de los niños de crecer en un entorno familiar, cualquiera sea
su composición. En tal sentido, corresponde señalar los esfuerzos que
viene realizando la institucionalidad pública para reducir el número de
niños en instituciones, en particular la aprobación de la ley 18.590 de
2009, que actualizó el marco jurídico imponiendo la reducción de la
permanencia de niños en hogares de tiempo completo.
El repaso de los temas que han sido examinados en esta última edición
del Observatorio —la evolución de la pobreza infantil, la situación de
la primera infancia, las trayectorias educativas de niños y
adolescentes, y las manifestaciones más extremas de vulneración de
sus derechos, con énfasis en la situación de los adolescentes en
conflicto con la ley— permite apreciar los avances que Uruguay ha
realizado en los últimos años con relación a la protección de los
derechos de la infancia, pero también las asignaturas pendientes y los
retos para los próximos años.
Quizás esos múltiples retos puedan ser sintetizados en una convicción
compartida por los distintos actores implicados en el proceso de
formulación e implementación de las políticas públicas orientadas a la
infancia: lograr una sociedad más desarrollada e integrada depende
de poder garantizar, en forma efectiva, que todos sus ciudadanos ejerzan
sus derechos, lo cual supone entre los niños generar las mejores
condiciones para que puedan desarrollar sus capacidades, talentos y
creatividad.
